Locales comerciales y residenciales ocupan zonas intangibles de playas

Con la llegada del año nuevo, la temporada de verano vuelve a dirigir la atención de la población a las playas de la región Arequipa. Una de las provincias con mayor afluencia de veraneantes es Islay. Sin embargo, pobladores de la zona costera han mostrado su preocupación por la continua reducción del territorio de las playas.

En el sector de Catarindo, un restaurante edificó una estructura de alrededor de 30 metros de longitud al borde de la orilla. La construcción data del año 2013 y dada su peligrosa cercanía a las olas termina haciendo las veces de rompiente. La edificación, además de suponer un peligro para los veraneantes, viola lo estipulado en la Ley Nº 26856 que norma las playas, caletas y bahías.

No solo las construcciones al borde del mar limitan el ingreso de veraneantes. En la zona de Quebrada Honda, la asociación residencial “Amigable con la Naturaleza” ha limitado la entrada a quienes quieren hacer uso de las playas. Dicha urbanización se adjudica un total de 16 mil 668 hectáreas que ha destinado para un área de esparcimiento privado al que denomina “El Recreo”.

La situación se repite en la caleta “La Sorda” y la playa “Chiguas”. En la caleta, otrora zona pública de veraneo, ahora se encuentra un área privada de esparcimiento de uso de la Marina de Guerra del Perú. Mientras que en el caso de “Chiguas” la playa ha sido entregada a la empresa pesquera TASA.

Según imágenes que denunciantes hicieron llegar a la redacción de El Búho, las zonas públicas de Matarani, Mollendo y Quilca vienen perdiendo grandes porciones de franja ribereña. Siendo ahora espacios privados y afectando a los veraneantes y el turismo en la zona.

REACCIÓN A MEDIAS

La problemática en las playas de Islay es de pleno conocimiento del Gobierno Regional. En noviembre del 2015, el Consejo Regional emitió la Ordenanza Nº 321-2015 que declaró como Área de Conservación Regional las playas y caletas comprendidas entre Matarani y Quilca. Esto comprende una extensión total de 528 kilómetros a lo largo de la vía Costanera, en respuesta a las crecientes invasiones y tráfico de lotes en la zona.

Según señala la ordenanza, la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) fue designada para identificar y registrar las playas y caletas comprendidas. Sin embargo, aún no se ha completado el registro de todas las playas vulnerables.

La situación en las playas a nivel nacional no es del todo clara. La tardía reglamentación de la Ley 26856 llegó recién en el 2006, nueve años después de ser promulgada. Conforme indica dicho reglamento, quienes logren acreditar posesión anterior a la reglamentación están en facultad de reclamar propiedad en playas, caletas y bahías. Aun cuando esto contravenga lo estipulado en la propia ley.

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